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Luis Arriaga: Seguridad, violencia y militarización (Foro IV)

Sonntag, 07. Februar 2010 | © rechtsstaat-mexiko.de

Diversos acontecimientos que, de manera cada vez más violenta, han puesto de relieve la demanda ciudadana de mayor seguridad. La percepción de inseguridad, traducida en la demanda de mayor protección frente a la delincuencia, ha sido capitalizada por diversos actores políticos. La violencia espectacular ligada al tráfico de drogas ha relegado a un lugar poco visible otras formas de violencia que también deben ser atendidas por el Estado.

En el debate se reduce el tema amplio de la seguridad al problema del combate a la delincuencia organizada. Por ello, es indispensable considerar a la seguridad, desde una perspectiva integral. Se requiere un planteamiento que permita atender y exigir respuestas a todas las formas de violencia que amenazan a las personas.

La participación de militares en operativos conjuntos con corporaciones policiales, federales y estatales, realizados en estados como Sinaloa, Durango, Michoacán o Guerrero para combatir el tráfico de drogas, ha implicado un aumento en el número y la gravedad de violaciones a los derechos humanos de civiles cometidas por miembros del ejército.

En tales de violaciones, prevalece la impunidad. A fin de prevenir esta situación, es necesario que exista control civil sobre las fuerzas armadas. Éste tiene entre sus componentes: la rendición de cuentas ante el poder legislativo, la transparencia y el acceso a la información militar pública, el depósito en manos civiles de las secretarías correspondientes y la reducción de la jurisdicción castrense a los asuntos estrictamente relacionados con la disciplina militar. Un control civil necesario es la restricción de la jurisdicción militar para casos estrictamente relacionados con la disciplina militar. La extensión del fuero militar para delitos perpetrados contra civiles viola tratados internacionales, firmados y ratificados por México, en materia de derechos humanos.

Desde los casos documentados, afirmamos rotundamente que el fuero militar no es garantía de independencia e imparcialidad, mucho menos de eficiencia en las investigaciones. Lo corroboramos desde nuestra experiencia como organizaciones defensoras de derechos humanos en México.

La seguridad, desde una perspectiva de derechos humanos, implica vivir con dignidad y sin amenazas ni discriminación. Se trata de hacer posible, como afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos, el advenimiento de un mundo en el que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de las libertades fundamentales.

La demanda de seguridad sólo será viable en el largo plazo, incompatible con la violación y la insatisfacción de los derechos fundamentales.

Resumen de la ponencia de Luis Arriaga, Director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,.en el Foro IV: “Acción versus violencia. Alternativas de la sociedad civil enfrente a excesos de violencia y la “guerra contra el narcotrafico”