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Alba Cruz: Criminalización de la protesta social en Oaxaca (Foro II)

Sonntag, 07. Februar 2010 | © rechtsstaat-mexiko.de

El papel que México como Estado está desempeñando en el tema de DERECHOS HUMANOS constituye un doble discurso, ya que en los foros internacionales tiene un papel muy activo para la defensa y promoción de los derechos humanos, mantiene una política pública internacional enfocada en la protección de derechos fundamentales, pero resulta evidente que el discurso que a nivel internacional vierte sobre el tema no corresponde a la realidad que cotidianamente vivimos en Estados como Oaxaca. El contexto de conflictividad política en México y en especial en Oaxaca, tiene como factores característicos el autoritarismo imperante, la represión, la marginación y la pobreza, la falta de una real separación de poderes y una oposición partidaria simulada que no hace efectivos los principios democráticos genera una sistemática violación de los derechos humanos, debido a ello durante el año 2006 surge en Oaxaca, un movimiento social genuino que agrupa la inconformidad de muchos sectores, llamado Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

A partir de la problemática social del 2006-2007 la criminalización de la protesta es un hecho en México y Oaxaca, vulnera los derechos a la manifestación, reunión, a la libertad de expresión y a defender los derechos humanos, Oaxaca sufre una gran represión, marcada por una política del miedo, manipulación y mano dura, llevando a desquebrajar el tejido social por la divulgación de información para generar miedo, apatía, confusión, desconfianza al interior de los movimientos y en la sociedad que generan la no participación, los miembros de distintas organizaciones sociales son víctimas de hostigamiento, intimidación y persecución, son amenazados o encarcelados, con el fin de disminuir o anular su participación y desviar la atención de sus demandas principales para reducirse a luchas especificas como liberación de presos y la defensa de aquellos que son víctimas de la judicialización de sus protestas. Por ejemplo en Oaxaca ser joven y tener una vestimenta en color negro o simplemente llevar una mochila en la espalda es causa de una retención y sometimiento a revisiones e interrogatorios exhaustivos que violentan las libertades.

En esa problemática no solo contribuyen los gobiernos, también los medios de comunicación masiva que juegan un papel muy importante e influyente en la vida pública, La televisión y la radio han sido fundamentales para promover la deslegitimación de los movimientos sociales, de cualquier forma de disidencia y en generar percepciones según convenga a los que tienen el poder económico y político en el país quienes avalan las políticas de mano dura y militarización impulsadas desde el Ejecutivo Federal.

Lo anterior es muy claro al mirar los saldos de la represión del conflicto social del 2006-2007, por mencionar algunas violaciones a derechos humanos, 26 asesinatos que vulneraron el derecho a la vida, 502 detenciones arbitrarias, 246 casos de tortura, 7 desapariciones forzadas, entre otras que prevalecen en la total impunidad, pues ninguno de esos casos tiene una investigación seria, exhaustiva que tenga como principio el derecho a la verdad, menos aun se ha consignado ante las autoridades a los responsables de esos hechos por acción u omisión.

Si bien el máximo tribunal de Justicia en el País resolvió en Octubre del 2009 el Caso Oaxaca, reconociendo la existencia de las graves violaciones a las garantías individuales y la responsabilidad plena de Ulises Ruiz Gobernador de Oaxaca, y de los Órganos de Seguridad Publica en el Estado, como una verdad jurídica, a pesar de lo que puede tener de positivo el dictamen emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es de resaltar la actuación de ese órgano de impartición de Justicia, que obedece a interés políticos, económicos y de grupos en el poder y no a la función para lo que fue creado, más que buscar impartir justicia están convertidas en instituciones que sirven para proteger a los funcionarios que respaldados por sus cargos o por el fuero cometen graves arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos favoreciendo desde ese Máximo Tribunal de Justicia de la Nación la impunidad, al exonerar a los funcionarios federales que estuvieron implicados directamente en los hechos de Oaxaca; un comparativo de las diversas resoluciones o dictámenes realizados por la Suprema Corte en los casos OAXACA, ATENCO, LIDIA CACHO Y ACTEAL, no se aplicaron los mismos criterios, ni los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino que sus determinaciones obedecen a intereses políticos y situaciones coyunturales, mostrando la utilización de los órganos de justicia en México.

Es tan evidente la impunidad en el Estado, que con el afán de cumplir compromisos adquiridos con los Estados Unidos de Norteamérica, quien condiciono a través de la Secretaría de Seguridad, la entrega de recursos del Plan Mérida, si en un plazo de 90 días después de su visita a México no tenia el gobierno Mexicano encarcelado al responsable de la muerte del Camarógrafo Estadounidense Bradley Roland Will, por ello el órgano de procuración de Justicia para acallar la presión internacional “FABRICO PRUEBAS” y realizo una acusación sin fundamento bajo probanzas inverosímiles, contradictorias, inconsistentes, realizadas desde la Procuraduría General de la Republica a modo para encarcelar a un chivo expiatorio debido a un compromiso diplomático y de intereses económicos, dos días antes de que ese plazo de 90 días se cumpliera fue detenido arbitrariamente por agentes federales de Investigación JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO, quien se encuentra preso desde el 16 de octubre del 2008, acusado por el delito de homicidio, y quien permanece preso por un auto de formal prisión que ha sido decretado en cinco ocasiones, el 30 de diciembre del año 2009, al otorgar una Juez Federal el amparo de la justicia federal a favor de JUAN MANUEL MARTINEZ MORENO se dejo sin efectos ese auto de formal prisión; debido a que no existen pruebas suficientes que hagan presumir al menos su probable responsabilidad, pues los testimonios en los que fundan la formal prisión, son de oídas, los dictámenes periciales existentes son contradictorios entre si y desde luego ninguno de ellos aporta datos que presuman siquiera que Juan Manuel haya estado presente en el lugar de los hechos, solo los agentes federales de investigación en una clara forma de criminalizar a la gente simpatizante del movimiento social, hizo informes en donde involucro a JUAN MANUEL y lo ubico en su imaginario en el lugar de los hechos.

Debido a ello la Juez Federal ha ordenado la liberación de JUAN MANUEL, sin embargo la Procuraduría General de la República (PGR) en el plazo para que Juan Manuel saliera libre impugno la sentencia de amparo, privilegiando una regla procesal y no así los derechos fundamentales, cabe hacer mención que al termino de la revisión que harán los magistrados a la sentencia dictada a favor de Juan Manuel, jurídicamente no existe posibilidad de modificarla pues los argumentos son los mismos con los que decretaron la formal prisión, por ello al resolverse la impugnación JUAN MANUEL deberá ser puesto en inmediata libertad.

Es de resaltar que los testigos presentados por la familia de Brad Will fueron acusados y procesados por el delito de encubrimiento, hoy los ocho acusados han obtenido una sentencia de Amparo a su favor, que también fue impugnada.

Por último, Oaxaca es un claro ejemplo en donde el estado de derecho y la protección de los derechos humanos son violentados sistemáticamente, además del recrudecimiento de la exclusión social, económica y política. Esa entidad atraviesa no solo por una crisis coyuntural, atraviesa por una crisis institucional en la administración e impartición de justicia, cuyos efectos se manifiestan en la violación de derechos y libertades ciudadanas, violentando la legalidad constitucional, sin que se ejerzan libremente los derechos, y desde luego las leyes existentes se encuentran cada vez mas lejos del principio máximo de Justicia, por ello evidenciar la utilización facciosa del sistema de procuración e impartición de justicia para criminalizar a los luchadores sociales como una franca estrategia del Estado, seguirá siendo parte del trabajo de los defensores de derechos humanos. La falta de justicia abona a una sociedad activa y movilizada en defensa de sus derechos, por ello Oaxaca es la Ciudad de la Resistencia.

Ponencia de Alba Cruz, Comité 25 de Noviembre (Oaxaca) en el Foro II “Con diferente rasero – Impunidad de violaciones de DDHH y la criminalización del la protesta social”