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Norma Cacho: La resistencia civil contra las altas tarifas de energía eléctrica (Foro III)

Samstag, 13. Februar 2010 | © rechtsstaat-mexiko.de

A pesar de que la Constitución Mexicana establece que la energía eléctrica es un servicio público propiedad de la nación, buena parte de los proyectos de generación de energía eléctrica están ya en manos de empresas privadas, representando más del 40% de la generación de energía eléctrica total. El sector doméstico representa el 88% de los clientes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) consumiendo apenas el 26% de la energía generada por la paraestatal. Por el contrario, el sector industrial que constituye apenas el 1% de la clientela consume más de la mitad de la energía generada por la CFE. Paradójicamente, el sector industrial recibe fuertes subsidios en las tarifas
eléctricas, mientras los consumidores domésticos siguen padeciendo el alza constante de los recibos de luz. En 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer un subsidio de 8 mil millones de pesos para las tarifas industriales y comerciales, lo que representa un descuento de hasta 50%. En contraste las tarifas domésticas no han cesado de aumentar,particularmente desde que el ex presidente Vicente Fox decretó, en 2002, el fin de los subsidios a las tarifas residenciales, lo que generó un aumento en promedio del 75% en las tarifas domésticas a nivel nacional. Correspondiente con esta situación, a lo largo y ancho del país, en zonas rurales y urbanas, el malestar ante las tarifas eléctricas exacerbadas que impone la Secretaría de Hacienda a través de la CFE ha generado una inconformidad acumulada que está llegando a puntos de explosión. Recibos que alcanzan bochornosas cifras como la de $32 000.00 para una familia pescadora de las inmediaciones de Laguna de Términos, Campeche, hasta los $70 000.00 a un ejido del semidesierto chihuahuense, pasando por los $28 390.00 a un departamento de una unidad habitacional del Distrito Federal.

Oídos sordos y silente respuesta es la constante que adoptaron los funcionarios de CFE ante estas anomalías. Movimientos de resistencia y no pago a las altas tarifas articulados y coordinados en Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y otros estados, son muestra fehaciente del descontento gradual ante el encarecimiento de la energía eléctrica. En este panorama surge la Red Nacional de Resistencia Civil a las Tarifas de la Energía Eléctrica, articulando inconformidad acumulada en diversos estados como Chihuahua, Veracruz, Distrito Federal, Guerrero, Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Campeche. Esta red de comunidades y organizaciones sociales de muy diversa índole emerge con una diversidad política y organizativa particular. Por un lado, para algunas comunidades y organizaciones la reducción de las altas tarifas de energía eléctrica demanda una respuesta inaplazable. Por otro lado, el no pago de la energía eléctrica constituye para otros grupos, particularmente en Chiapas, una medida de presión política en demanda del cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Como eje sustancial de la naciente Red Nacional se erige la no privatización de la energía eléctrica. A la voz de ¡La energía es del pueblo y debe estar en manos del pueblo! proponen la implementación de tarifas eléctricas geográfica y climáticamente coherentes, tomando en cuenta la condición económica y social de los usuarios/as. En otras palabras, la demanda consiste en reducir las tarifas eléctricas a quién actualmente le es imposible pagarlas. El cuestionamiento estructural de los excesivos cobros y la amenaza que representan a uno de los pocos recursos públicos que existen todavía en México, es central.
La respuesta de la Comisión Federal de Electricidad no se ha dejado esperar y emerge con contundencia ante un movimiento de descontento generalizado. Mediante la intimidación, hostigamiento y persecución, se ha instrumentado una estrategia de represión que criminaliza la lucha contra las altas tarifas de energía eléctrica. La estrategia opera a través de los aparatos institucionales y fuerzas represivas, fundamentalmente la Procuraduría General de la República, utilizando recursos legales para fincar delitos, detener y encarcelar a luchadores y luchadoras sociales. Un conflicto social, político, directamente relacionado con las condiciones de pobreza de la población que impide el acceso a los servicios públicos, en este caso la energía eléctrica, y relacionado con el ejercicio del derecho a una vida digna, es sacado de contexto al llevarlo a escenarios penales y judiciales que niegan la problemática de fondo y los convierten apócrifamente en delincuencia.
En los últimos meses, coincidente con la coordinación nacional que comienza a surgir entre los movimientos de resistencia y no pago, la represión institucionalizada se ha acrecentado, pasando del hostigamiento, descrédito y persecución, al encarcelamiento de luchadores y luchadoras sociales, por medio de la fabricación de delitos, la aplicación de figuras y recursos jurídicos a modo y el uso faccioso de las leyes.
En Chiapas en los municipios de Venustiano Carranza, Villa las Rosas, Amatenango del Valle, Comitán, Chanal, Tzimol, Socoltenango y Teopisca, se ha registrado en los últimos meses una escalada represiva y un fuerte hostigamiento, manifestado por medio de cortes masivos y desmantelamiento de la energía eléctrica, así como con amenazas de la policía y autoridades municipales. El 10 de julio de 2009 fueron detenidos en Candelaria, Campeche con lujo de violencia, Sara López, Joaquín Aguilar, Guadalupe Borjas, Guadalupe Lizcano y Elmer Castellanos, por los delitos de impedimento u obstrucción de obra o servicio público, aderezado, como bien se sabe en las estrategias jurídicas contrainsurgentes, por otros más como el de privación ilegal de la libertad en calidad de rehén, por la presunta detención de un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad. Se giraron además 27 órdenes de aprehensión y otras más que siguen instrumentándose por el absurdo delito de „robo a la riqueza de la nación“. Tras una serie de acciones producto de la estrategia jurídica y política, el 24 de septiembre fueron liberados Elmer Castellanos y Guadalupe Lizcano, pero aún quedan presos Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas. Actualmente, pese a haber ganado un amparo que obligaba al juez a reclasificar el delito o dictar el auto de libertad, el Ministerio Público de la Procuraduría General de la República apeló la resolución, lo que mantendrá a nuestra compañera y compañeros al menos dos meses más en prisión.
Los casos de nuestros compañeros y compañeras presas en Campeche y de persecución legal e intimidación en Oaxaca y Chiapas, develan que la lucha contra las altas tarifas de energía eléctrica es considerada una amenaza ante un sistema político y económico neoliberal que privatiza la vida misma. Pero además devela la tensión y el peligro que impone la autodeterminación de los pueblos al sistema de representación política. Asimismo, muestra uno de los lados perversos del sistema capitalista, pues condena a la pobreza a productores, impidiéndoles la disposición de circulante, de dinero, subsistiendo casi exclusivamente con lo que ellos logran autoabastecerse, subsanando los déficits monetarios con la venta periódica de su trabajo, de su vida. Al existir una demanda económica tan excesiva como las altas tarifas de energía eléctrica, la lucha de los pueblos por condiciones más justas en la distribución de los recursos se vuelve la única posibilidad de
vida. La represión contra luchadores y luchadoras sociales arrojados a la calle para exigir una posibilidad de subsistencia niega la posibilidad de su vida, condición que los pueblos no están dispuestos a aceptar.
En el caso de Sara López, Joaquín Aguilar y Guadalupe Borjas, no existe delito alguno que perseguir. No tener la capacidad económica para pagar las altas tarifas de energía eléctrica, no es un delito. Cuestionar las razones económicas estructurales que hacen que el servicio sea de mala calidad y excesivamente caro para las poblaciones vulnerables, no es un delito. Luchar por que la energía eléctrica sea del pueblo y no de las empresas, no es un delito. Estas situaciones representan la lucha por condiciones de vida digna como derecho humano fundamental e irrenunciable.

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