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Luis Menéndez (SERAPAZ): La Transformación Positiva de Conflictos Agrarios (Foro I)

Donnerstag, 18. Februar 2010 | © rechtsstaat-mexiko.de

Trabajamos en la región de las Cañadas, en la llamada Selva Lacandona de Chiapas. Entendemos la conflictividad agraria referida a una dinámica de reordenamiento territorial en la que intervienen varios actores, entre los que destacamos a las diversas dependencias gubernamentales federales y estatales; a las comunidades y organizaciones indígenas y campesinas de la región, y a los gobiernos autónomos emanados de la insurrección zapatista de 1994.

En la simplificada imagen de un árbol, notamos 4 ramas de las que deriva una multiplicidad de conflictos de tierras que se agudizan en el intento de alguno de los actores por reestablecer o redefinir los límites:

Una rama, la del PROCEDE: A partir de 1992, el gobierno mexicano promovió intensamente (de manera tramposa e ilegal en muchos casos) el Programa de Certificación de Derechos Ejidales, tendiente a privatizar las tierras de los campesinos mexicanos, que en la figura del Ejido habían logrado de la Revolución de hace 100 años, la garantía de no enajenación, ni embargo e imprescriptibilidad de sus tierras. “La tierra es de quien la trabaja”, decía Zapata. Con las reformas a la Constitución promovidas por Carlos Salinas de Gortari, se quitaron los candados que impedían comercializar las tierras ejidales. Chiapas y Oaxaca han sido los únicos estados de México que resistieron (relativamente) la andanada neoliberal contra el Ejido. Los ejidatarios que decidieron entrar al Procede habrán tenido sus razones. Grande fue su sorpresa cuando les impusieron la remedición de sus tierras y les privaron su derecho sobre las demasías que resultaron, en la mayoría de los casos extensiones notables de sus tierras, pasando de ser propiedad del Ejido a ser propiedad del gobierno federal. Conflictos internos en las comunidades que polarizaron a quienes apoyaban la entrada al Procede con quienes se opusieron.

La segunda rama, la referimos a la llamada COMUNIDAD LACANDONA, que desde 1972 ha resultado beneficiada con el título agrario de 614,321 hectáreas que el gobierno federal le otorgó ilegalmente, dándole derechos (a unas pocas familias indígenas caribes, ahí asentadas, pero provenientes originalmente de la península de Yucatán –desplazados de las guerras del siglo XVIII) sobre tierras que ya estaban habitadas por pueblos indígenas tseltales y choles de Chiapas. Cientos de familias, algunas que incluso poseían ya títulos ejidales, se vieron afectadas. En 1975, algunas de ellas aceptaron su reubicación en las hoy llamadas subcomunidades lacandonas Nueva Palestina y Frontera Corozal, pero las promesas incumplidas de proyectos de desarrollo y servicios públicos, hicieron que muchos regresaran a sus viejos poblados. Los centros agrarios que se opusieron a la reubicación iniciaron un proceso organizativo fundando en 1975 la Quiptic ta Lecubtesel (la fuerza que hacemos todos para el desarrollo) con el propósito de obtener la legalización de sus poblados. Se opusieron férreamente a que se marcaran sobre el terreno los límites de la comunidad lacandona al tiempo que exigían ser reconocidos en sus derechos ejidales. La consigna aglutinadora para la organización y la lucha por sus derechos fue el NO A LA BRECHA LACANDONA. En 1989, 49 comunidades lograron su regularización, constituyéndose como Ejidos. Fundaron la Unión de Ejidos y luego la Unión de Uniones, derivando sus procesos organizativos en las varias organizaciones que hoy coexisten en las Cañadas, las cuales han jugado un papel muy importante en la defensa de los derechos indígenas en la región. Para decirlo en pocas palabras (cito el informe de la Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México): “Con la adjudicación de un título de propiedad por una cantidad extraordinaria de tierras a los pueblos caribes llamados Comunidad Lacandona, las instituciones del Estado han contribuido drásticamente a la existencia del conflicto en la Selva. Hasta el día de hoy el conflicto provoca desconfianza y tensión dentro de las comunidades, de la misma manera que muertes y desplazamientos”. El gobierno federal y el del Estado de Chiapas se ufanaron diciendo en la administración pasada que daban solución definitiva a este foco rojo de la conflictividad agraria destinando fuertes cantidades de dinero para indemnizar a la Comunidad Lacandona expropiándoles tierras que luego entregaron a los ejidos que las reclamaban. El dinero provocó divisiones en el seno de las organizaciones, corrompió a líderes comunitarios y confrontó a comunidades en dinámicas de compra-venta de tierras, sin que acabara, como decía el gobierno, la conflictividad en la región, tal como quedó expuesto posteriormente en el Caso de Viejo Velasco Suárez.

La tercera rama nos lleva a hablar de conflictos agrario-ambientales en la región. El gobierno federal argumenta la necesidad de proteger y conservar la biodiversidad ante la fragilidad de los ecosistemas en la Selva. Se trata de una de las regiones más biodiversas del planeta, con atractivos bancos de información biogenética, que conjuga los intereses ambientales con otros ligados a la  apropiación y explotación de recursos biogenéticos que generan grandes riquezas a poderosas empresas trasnacionales. Ya no sólo se trata de intereses locales y regionales, sino se arguyen intereses nacionales e incluso globales, lo que complejiza enormemente el entendimiento entre actores múltiples con intereses diversos, unas veces explícitos y otras celosamente guardados. En mayo de 2007 el gobierno federal anunció la expropiación de 14 mil hectáreas (supuestamente a la Comunidad Lacandona), para la creación de Areas Naturales Protegidas (ANP), sin especificar en dónde se encontraban esas 14 mil hectáreas, que a la postre resultaron en un conjunto de 8 polígonos, colindantes con una veintena de ejidos de la selva, cuyas autoridades y pobladores nunca fueron informados ni mucho menos consultados por el gobierno, incluso dándose casos de afectaciones territoriales a sus ejidos. Hasta la fecha el gobierno no ha podido delimitar en el terreno las ANP, quizá a sabiendas de que una acción como ésta provocaría reacciones que podrían derivar en acciones violentas en la región, quizá hasta en una reanudación de hostilidades en el marco del levantamiento armado de 1994. No obstante, el gobierno chiapaneco ha sido la punta de lanza para instrumentar la protección legal de reservas de biósfera protegidas para justificar y legitimar desalojos y la presencia de cuerpos policíacos y militares en la región. Por su parte, las organizaciones campesinas han realizado una serie de reuniones, asambleas, foros y movilizaciones para externar su determinación de defender su territorio.

Finalmente, la cuarta rama que consideramos emerge a partir del levantamiento armado de 1994, con lo que los zapatistas denominan las Tierras Recuperadas. Recientemente, en 2008, a través de sus autoridades civiles que participan en los Municipios Autónomos y en las Juntas de Buen Gobierno (particularmente las Comisiones Agrarias), los zapatistas concluyeron un proceso que les permitió precisar la superficie total de las tierras que recuperaron a partir de la insurrección de 1994. Hicieron lo que otros no habían podido hacer en la región: medir la tierra y delimitarla,  distinguiéndola de aquellas tierras que otras organizaciones reivindican como suyas por haberlas gestionado ante el gobierno antes de la guerra, sin que para entonces (1994) se hubieran resuelto definitivamente a su favor. Para complicar el panorama, el gobierno federal implementó en 1995 y 1996 un programa que algunos han considerado contrainsurgente, por el que pagó (en muchas ocasiones de más) a los finqueros, grandes y algunos pequeños propietarios que perdieron sus tierras, dándolas después en fideicomiso a las organizaciones campesinas que habían quedado con resoluciones agrarias pendientes entre 1993 y 1994, creando así una situación de ambigüedad (si fue antes o después de la guerra) que ha propiciado conflictos entre los zapatistas y las otras organizaciones. La acción positiva  de los gobiernos autónomos zapatistas (medición de tierras y el anuncio de criterios para repartición de las mismas) no ha estado exenta confrontaciones, no sólo reactivando conflictos con otras organizaciones, sino también al interior de la propia organización zapatista.

En Serapaz abordamos estos conflictos desde la perspectiva de la Transformación Positiva de Conflictos: no se trata de resolver, sino de transformar el conflicto, procurando el empoderamiento del actor social fortaleciéndolo en sus capacidades para la acción transformadora. Buscamos propiciar las condiciones para que prevalezca el diálogo entre las partes, poniendo especial énfasis en mantener los canales de interlocución abiertos y fluidos, alimentando relaciones tendientes a incrementar la confianza que a veces no hay en la comunicación directa entre los actores.

El actor fundamental nos parece que son los pueblos indígenas, desdoblado en actores múltiples que tienden a actuar desde una perspectiva comunitaria. Son los indígenas quienes viven y trabajan las tierras que en sus recorridos, usos y costumbres llegan a constituir los territorios por los que hoy en día se disputan los más diversos y desiguales intereses que nunca imaginaron (¿o sí?), que no obstante están puestos y dispuestos a defender como el más sagrado de sus derechos.